Coordinan acciones desde Sipinna rumbo a la vacunación universal de niñas y niños en Morelos

Se pretende asegurar la cobertura efectiva de vacunación y el acceso a servicios de salud a beneficio de las infancias.

El Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) coordina acciones con las autoridades de salud rumbo a la vacunación universal, a fin de completar esquemas y que esto coadyuve a prevenir, mantener erradicadas y eliminadas del territorio mexicano enfermedades como el sarampión y la rubeola.

Por lo anterior, se definieron acuerdos para que se articulen acciones indispensables en las entidades federativas, entre las que está, como prioridad, la vacunación a niñas y niños; y el fomento de un registro correcto de salud a través de la cartilla de vacunación, para que madres, padres y cuidadores sean corresponsables de este derecho de las infancias. 

Al respecto, se destaca que en el estado de Morelos, se emitió un decreto número mil 156, por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 373 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, y se reforma el artículo 46, fracción IX, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos; mismo que incluye los programas de vacunación y el control de la niñez y adolescencia sana para vigilar su crecimiento y desarrollo de forma periódica, a fin de garantizar que niñas y niños reciban oportunamente las vacunas correspondientes.

Además de que las personas que ejercen la patria potestad o tutela son las responsables de las y los menores de edad, y están obligadas a vigilar su salud.

Por otro lado, durante la sesión, se abordó la estrategia para fortalecer la protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes,  contemplando la capacitación a las autoridades responsables, en la implementación del protocolo de procedimientos administrativos en materia de migración. 

Esto para llevar a cabo los procedimientos operativos de protección especial, en coordinación con las entidades federativas, y los sectores social y privado; considerando la habilitación de alojamientos para infancia migrante o en condición de refugiada. 

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